En el plan piloto de apoyo a los ayuntamientos en la lucha contra fiestas ilegales, se han elevado denuncias a los ayuntamientos y al Gobierno balear, competentes en la lucha contra esta lacra

El departamento de Lucha contra el intrusismo del Consell Insular d'Eivissa ha presentado hoy las conclusiones del Plan Piloto de apoyo a los Ayuntamientos en la lucha contra las fiestas ilegales, por las que la institución insular contrató durante el mes de agosto un equipo de rastreadores que han detectado y actuado en un total de 7 fiestas y en la que han identificado un total de 29 personas como responsables de las mismas. En todos los casos se dio aviso urgente a la Policía Local correspondiente, pero la falta de efectivos y la legislación anticuada han provocado que la policía sólo pudiera disolver una.

En total se han detectado 4 fiestas en Sant Josep de sa Talaia, 2 en Sant Antoni de Portmany y una en Santa Eulària des Riu. Ninguna de ellas en una vivienda con licencia de comercialización turística. En estas fiestas se han recogido los datos de 29 personas, 17 relacionadas con la recaudación y 12 con la logística, que han sido denunciadas a los ayuntamientos correspondientes, al Gobierno balear por el incumplimiento de la normativa COVID-19 y, en el caso de las personas encargadas de la recaudación, también a la Agencia Tributaria.

De la actuación de los detectives, el consejero de Lucha contra el intrusismo, Mariano Juan, explicó que se extraen tres conclusiones: la falta de efectivos policiales, la necesidad de cambiar las actuales leyes y que ninguna actividad ha sido realizado en una vivienda turístico. Al primero respecto, Juan instó "a todas las fuerzas políticas del Parlamento de las Islas Baleares, que apoyen aquellas iniciativas que sirvan para aumentar las plantillas de policías locales y de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Eivissa" . Respecto del cambio normativo, el consejero ha explicado que "un ayuntamiento ha pedido más tiempo, pero confiamos en poder elevar, la próxima semana, el Gobierno balear la propuesta de cambio normativo que fue presentada hace un mes a ayuntamientos, policías locales, mesa de diálogo social y grupos políticos, y que prevé más sanciones para los infractores y la posibilidad de que la policía local pueda entrar en un lugar donde se está haciendo una fiesta ilegal y que, es obvio, no es un domicilio".

Finalmente, respecto de que ninguna vivienda fuera turística, el consejero ha recordado que "las fiestas ilegales en cuanto a incumplimiento de la normativa autonómica COVID-19 y de la Ley de Actividades no son en ningún caso una infracción competencial del Consell d'Eivissa, pero lejos de dar la espalda a los ayuntamientos hemos decidido actuar y ayudar. Ahora el Gobierno balear y los consistorios deberán instruir estas denuncias y hacer las investigaciones adecuadas".

Por su parte la directora insular Naihara Cardona explicó que el anuncio de la puesta en marcha de esta prueba piloto tuvo efectos disuasorios, "tal como ya explicaron las policías locales en una reunión previa a la entrada en marcha de este servicio", y como han constatado los propios rastreadores que, en su informe, manifiestan que" algunos promotores de fiestas creen que la policía los está vigilando y, incluso, aseguran haber visto en prensa que infiltrarán detectives privados extranjeros".

Por otra parte Cardona ha puesto un ejemplo de una persona que se dedica a la promoción mediante grupos de WhatsApp de fiestas ilegales, que trabaja bajo el seudónimo de Anita Dinamita, y que ha realizado venta de entradas a los rastreadores contratados por el Consell d'Eivissa, con el agravamiento de haber referido ser trabajadora del Servicio de Salud de las Islas Baleares. Por este motivo "pondremos en conocimiento del Gobierno balear este caso concreto, para en su caso realizar alguna investigación interna".

Por todo ello, el consejero Mariano Juan ha calificado la prueba piloto de "muy satisfactoria" y adelantó que "todos los ayuntamientos, por unanimidad, han pedido su continuidad el próximo año". Por eso el consejero ha avanzado que esta presencia de rastreadores será más duradera en el tiempo y más intensa a partir del próximo año, para seguir ayudando a los ayuntamientos en esta lucha.